La Argentina presenta una necesidad urgente: el problema habitacional. Se estipula que son necesarias 1.500.000 viviendas aproximadamente. Para ello, el Estado ha lanzado este año su nueva apuesta: los Conjuntos Urbanos Integrados (CUI). Este programa forma parte del incentivo a la oferta y fija pautas claras que marca el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. De esta manera, busca priorizar la mixtura social, y promover la participación del sector privado coinvirtiendo con el Estado. Penta Capital ha sido la primera empresa del país en ser adjudicada las obras para construir el primer Conjunto Urbano Integrado.

La propuesta tiene entre sus objetivos incrementar la oferta, potenciar los Planes Federales de Vivienda (a los que se ingresa con hasta dos salarios mínimos vitales y móviles) y generar oferta de vivienda para los beneficiarios de créditos hipotecarios,Pro.Cre.Ar entre otros (se necesitan entre 2 y 4 salarios mínimos vitales y móviles).

Los CUI contribuirán a favorecer la integración social, mejorarán el acceso a la vivienda y generará empleo.

Estos programas son ideales para Entidades como Sindicatos, Mutuales, Cooperativas de viviendas, Municipios, etc., que poseen terrenos propios y cuentan con la necesidad de ofrecer una solución de vivienda a sus afiliados, miembros o habitantes.

¿Cómo se implementará? En conjunto con la provincia o el municipio que acceda al programa, se seleccionará un proyecto que deberá contener,  entre el 20 al 40 por ciento que se destinará para Vivienda Social (#PlanVivienda), del 60 al 80 por ciento, se destinará a unidades apto crédito hipotecario (Pro.Cre.Ar entre otros) y finalmente, en el 20 por ciento restante se podrán hacer viviendas para demanda libre o áreas comerciales en busca de satisfacer las necesidades de los habitantes que se muden al desarrollo urbanístico que se construya.

CUI - Penta Capital

Las asociaciones público-privadas pueden ser utilizadas de manera eficiente como un instrumento para la financiación y el desarrollo de programas de vivienda. En función de esto es que el “Fomento de Inversiones de Participación Público Privada” se torna una prioridad para cumplimentar el desarrollo de la infraestructura, objetivo estratégico del Gobierno. Con los incentivos adecuados podrán poner a disposición del sector público sistemas de gestión específicos y ventajas operativas, derivadas de su conocimiento y experiencia en desarrollos similares por parte del sector privado. Optimizando particularmente segmentos del proceso tradicional del Estado que la mayoría de las veces supone altos costos, atrasos y trámites engorrosos.

¿Cuál es el atractivo para el desarrollador privado para intervenir en este proyecto? El hecho de co invertir con el Estado le abrirá la puerta a distribuir riesgos de la inversión, en primer lugar. Además permitirá crear vínculos directos con los municipios y agilizar trámites para las obras, como también tener un enlace bien directo y fluido con áreas de hábitat, suelo, dominio, entre otros aspectos, que son vitales en el despliegue del desarrollo inmobiliario.

La ventaja del privado radica en tener asegurado un 30 por ciento de la inversión del total del desarrollo, porcentaje que financia el sector público nacional para la generación de vivienda social. También el estado puede contribuir a generar la infraestructura de servicios (como agua, electricidad, gas, rutas, etc.), aunque esto debe precisarse bien en los acuerdos especificos a concretarse.

A partir de la concepción de la vivienda como política de Estado resulta imperioso estimular y promover al sector privado para que promuevan con el sector público la producción de viviendas económicas o de nivel medio, aspirando a una rentabilidad adecuada.

En los CUI, el rol del sector público es llamar a licitación, establecer tipologías y precios, financiar la vivienda social y acompañar con herramientas que promuevan el acceso a la vivienda (créditos hipotecarios), mientras que el rol del privado consta de aportar la tierra, creatividad,  innovación,  realizar la obra, y comercializar las viviendas “primera vivienda/apto crédito” y las de “demanda libre”.

 

 

Fuente: Marcelo Busellini